Política

El opositor venezolano Henrique Capriles asegura que ha sido inhabilitado por 15 años

7 Abril, 2017

El líder opositor previamente había alertado de que podía ser inhabilitado por una investigación en su contra que adelantaba la Contraloría General de Venezuela por unas supuestas irregularidades durante su gestión de la gobernación de Miranda.

El pasado 11 de enero Capriles señaló que había sido citado por la Contraloría porque, según dijo entonces, el Gobierno de Nicolás Maduro quiere “enlodarlo” con el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Supuestas irregularidades administrativas

Sin embargo, un día después aclaró que fue citado por casos relacionados con el manejo de recursos en su Gobernación y no con el caso de la constructora Odebrecht, tal como había señalado el día antes.

El contralor general de Venezuela, Manuel Galindo, dijo entonces que Capriles tiene “responsabilidad” en supuestas irregularidades administrativas junto a ocho personas más de su gobernación y remarcó que estos procedimientos no guardan relación con el escándalo que protagoniza la constructora brasileña Odebrecht.

Horas después de ese mismo día, Capriles informó de que había sido multado y el pasado miércoles señaló que su recurso contra la multa de 40.000 bolívares (56 dólares a la tasa de cambio más alta), fue rechazado.

El miércoles también indicó que fue multado por aceptar donaciones de las embajadas de Polonia y Gran Bretaña que usó para financiar un programa de “paz escolar” y edificar una cancha deportiva en los Valles del Tuy.

Capriles denuncia una maniobra política de Maduro

El gobernador acusó entonces al gobierno del presidente Nicolás Maduro de querer inhabilitarlo para cargos de elección popular para así “elegir cuál es la oposición en Venezuela”.

Según explicó Capriles en otras oportunidades, las supuestas irregularidades tienen que ver con la “reconducción del presupuesto”, “dos convenios de cooperación internacional con Polonia y Gran Bretaña”, un contrato televisivo, el supuesto pago de anticipos por servicios funerarios y otros por el “ejercicio económico financiero en 2011”.

Su abogado, Rafael Chavero, calificó el 12 de enero el proceso iniciado contra el opositor de “manipulación jurídica” y aseguró que tenía como fin “fabricar una responsabilidad administrativa” para mantener al gobernador contra la pared y bajo la amenaza de la inhabilitación sin que previamente se realice un proceso judicial.

Tensión en las calles

La tensión en Venezuela entre el gobierno y la oposición se ha incrementado en los últimos días por el amago del Tribunal Supremo, afín a Maduro, de adueñarse de los poderes de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. El alto tribunal tuvo que dar marcha atrás y ahora el Parlamento intenta recusar a siete de sus jueces por lo que consideran “un golpe de Estado constitucional”. Las protestas antigubernamentales en Caracas se saldaron la pasada madrugada con al menos un muerto.

Este viernes el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, ha dicho que jueces y fiscales del país fueron agredidos la noche del jueves en el central estado de Carabobo por “un grupo de manifestantes violentos” que estaban “armados con bates, piedras y bombas molotov”.

En un comunicado, el jefe del Poder Judicial venezolano ha rechazado este “acto vandálico” en el que resultaron afectados trabajadores judiciales y del Ministerio Público (MP, Fiscalía), además de un funcionario de la cartera para el Servicio Penitenciario que se trasladaba en un autobús.

Las víctimas “se trasladaban en una unidad de Transcarabobo y a la altura del Colegio de Abogados de Valencia fueron atacados por violentos manifestantes en un acto vandálico, armados con bates, piedras y bombas molotov, entre otros objetos contundentes”, señala el comunicado.

Destituidos 30 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana

Además, la Fuerza Armada de Venezuela ha destituido a 30 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) por haber irrumpido el miércoles en la céntrica Universidad de Carabobo. “Se ha ordenado por el Gobierno Nacional una investigación a fondo de estos hechos”, ha dicho el mayor general Antonio Benavides Torres, según la agencia estatal, en declaraciones a periodistas. Aseguró, además, haber comprobado dicha irregularidad “con todas las pruebas, con todas las evidencias”.

El comandante general de la GNB ha dicho que estos efectivos accedieron al recinto “violando la autonomía universitaria” y “sin las debidas autorizaciones” de los rectores de esa casa de estudios, algo que está “terminantemente prohibido”.

La rectora de la UC -ubicada en el céntrico estado Carabobo-, Jessy Divo, denunció el miércoles el hecho y acusó por ello a funcionarios de la GNB y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Divo ha aseverado entonces que los efectivos de la fuerza pública no salvaguardaron a los estudiantes, que protestaban en el lugar a favor del Parlamento venezolano, y ha dicho que, al contrario, estos dispararon “sin ningún tipo de escrúpulos”. El defensor del Pueblo venezolano ha pedido a la Fiscalía y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, iniciar investigaciones al respecto. Agencias.

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