Política

Nicolás Maduro consuma con la Asamblea Constituyente su jaque a la democracia en Venezuela

30 julio, 2017

La elección de delegados acabará con el Parlamento de mayoría opositora que los venezolanos votaron hace menos de dos años.

El régimen de Nicolás Maduro ha consumado su plan. La elección de delegados para una Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, convocada con reglas del juego que favorecen al chavismo, acabará este domingo con el Parlamento de mayoría opositora que los venezolanos votaron hace menos de dos años. Es decir, con el único contrapoder del país. Se trata de una decisión que ni los partidos de la oposición, agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ni la presión de Estados Unidos, la UE y muchos países de la región han logrado detener y que amenaza ahora con perpetuar la deriva autoritaria del Gobierno. La nueva Cámara se constituirá la primera semana de agosto.

Maduro ha decidido pegar un brinco hacia el vacío. La nueva Cámara reconfigurará la lucha de poder dentro del chavismo y va a enfrentar a Venezuela a una situación inédita en su historia contemporánea: el desconocimiento casi absoluto de la comunidad internacional a las leyes que apruebe esa instancia. El primer paso lo ha dado Colombia. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que no reconocerá los resultados de los comicios porque tienen “un origen ilegítimo”. Esta circunstancia dejaría al régimen tan aislado como alguna vez estuvo la Cuba castrista, su faro moral.

“Permitirle a Maduro avanzar con su Asamblea Constituyente sería trágico para Venezuela”, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Le permitiría no sólo perpetuarse en el poder, sino contar con un séquito de seguidores que se encargarán rápidamente de desmantelar las pocas instituciones independientes que quedan en pie, como la Asamblea Nacional o el ministerio público, suspender elecciones y continuar con el espiral de violencia y represión”.

¿Cómo se gestó esa decisión? El 1 de mayo, cuando se cumplió un mes de las protestas opositoras, que aún no han cesado y en las que han fallecido más de 100 personas, Maduro convocó al llamado “poder originario” en una huida hacia adelante. Con la amenaza de liquidar a sus adversarios de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y a los desertores de su propio bando, como la fiscal general Luisa Ortega Díaz, el régimen esperaba aplacar las manifestaciones contra dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que despojaban al Parlamento de sus atribuciones. La MUD no aceptó la oferta de Maduro.

El Gobierno fijó estas elecciones tras negarse a autorizar el referéndum revocatorio solicitado por la oposición y posponer las elecciones regionales. Pero la oferta encerraba una trampa. Las bases comiciales de la Constituyente permitían al chavismo, que hoy es minoría, repartir entre los sectores afines un tercio de la Asamblea y sobrerrepresentar las provincias más rurales del país, donde conserva la mayoría de sus apoyos. Las fuerzas opositoras no presentaron candidatos y Maduro trató de presentar esa decisión como una prueba de que solo quieren derrocarle. Pero el excandidato presidencial Henrique Caprilesafirmó lo contrario: “Nosotros hicimos todo para que este Gobierno entrara en razón y no lo hicieron. Ellos todavía viven de la imagen del presidente [Hugo] Chávez. Les toca dejar de esconderse detrás de Chávez y asumir la responsabilidad”.

A pesar de ello, hasta última hora el Gobierno intentó suspender su propia propuesta, dice Ángel Oropeza, coordinador del equipo político de la MUD: “El presidente se sentía atrapado en su propio invento, al que apeló para escapar de una consulta popular, y no sabía cómo salirse de él”. A través de sus emisarios, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, excanciller y alcalde de Caracas, respectivamente, y con la mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, presentaron varias ofertas. Pero hasta el viernes no hubo posibilidad de lograr un acuerdo.
“Un Gobierno fracturado”

“Se hicieron todos los esfuerzos, se les planteó la inconveniencia de llevar adelante esta propuesta. Pero el Gobierno no es homogéneo. Cuando creíamos que habíamos logrado un consenso resulta que la otra ala del régimen, representada por el grupo que tiene más cuentas pendientes con la justicia, se negaba a aceptar cualquier acuerdo. Ese es el problema de negociar con un Gobierno que está fracturado”, dice Oropeza.

Oropeza cree que la Constituyente es la oportunidad que siempre ha estado esperando Diosdado Cabello, el número dos del régimen, para retar el poder de Maduro. De todos los aspirantes, el poderoso vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela fue el más entusiasta en la campaña. Recorrió el país, prometió que la institucionalidad surgida de la nueva Constitución liquidaría la oposición y los tránsfugas del chavismo. Cabello aspira a presidir esa nueva instancia. Si lo logra, es muy probable que termine convertido en el presidente de facto.

Nadie, en cualquier caso, se muestra dispuesto a ceder y las perspectivas comienzan a ser cada vez más inciertas sobre Venezuela. Oropeza visualiza que las expectativas de Maduro de ponerle la lápida a la crisis venezolana no van a ser satisfechas. “Esto va a ser mucho peor. Nos adentraremos en el terreno de la ingobernabilidad. Ojalá que las soluciones lleguen antes de que sigan cayendo las víctimas”.

Vivanco considera que “la única solución para evitar este escenario es que continúe la fuerte presión en las calles a través de masivas manifestaciones pacíficas, de la mano de una presión internacional y multilateral cada vez mayor que implique, por ejemplo, la adopción de sanciones dirigidas contra funcionarios venezolanos que estén implicados en graves violaciones de derechos humanos”. La semana pasada, más de 100 congresistas colombianos y chilenos presentaron ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia que responsabiliza a Caracas de crímenes como el “asesinato por instigación directa e indirecta” o “la privación del acceso a alimentos o medicinas”. Vivanco opina que “quienes cometen los gravísimos abusos que ocurren en Venezuela hoy deben saber que, tarde o temprano, rendirán cuentas por sus actos”.

UNA POLÍTICA ECONÓMICA QUE HA SUMIDO AL PAÍS EN LA RUINA

La profesora de Filosofía Política de la Universidad Simón Bolívar Colette Capriles piensa, por el contrario, que el Gobierno utilizará la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como una manera de negociar la supervivencia diaria de Nicolás Maduro, cuyas decisiones macroeconómicas han sumido en la ruina a un país que alguna vez presumió de ser el más rico de América Latina.
La Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi), un estudio conjunto realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, reveló en febrero pasado que, en 2016, el 82% de los hogares venezolanos vivía en la pobreza. Una de cada dos viviendas se hallaba entonces en la categoría de extrema pobreza. “La Asamblea Nacional Constituyente no va a ser como un comité de salud pública robesperriano. Será, sí, una carta de negociación permanente del Gobierno para seguir adelante, día a día. No es posible ver mucho más allá”, pronostica Colette Capriles.

Las preguntas tienen que ver ahora con qué pasará a partir de mañana. Muchos analistas coinciden en que el principal problema de los ciudadanos es la economía. ¿Cómo afectará a la situación el creciente aislacionismo del país? Todo depende, en buena medida, de la reacción de la oposición, la capacidad de Nicolás Maduro para resistir la presión y el precipicio al que se enfrenta Venezuela.

El rechazo a las elecciones de hoy no proviene solo de la MUD. La Constituyente ha evidenciado una fractura dentro del chavismo. La fiscal general acusó abiertamente a Maduro de traicionar el legado de Chávez. Y figuras como Nicmer Evans, del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, también rechazan la convocatoria. “Estamos pidiéndole al presidente Maduro que se establezca un proceso de negociación para que su renuncia permita que se vaya por la puerta de delante y que esa renuncia, que está en el marco de la Constitución, nos pueda permitir de manera absolutamente certera generar un proceso democrático de reorganización de las instituciones a partir de la convocatoria de una elección presidencial”, concluye.

El País – España

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