Opinión

De movimientos sociales a plataformas ciudadanas

18 septiembre, 2017

En la segunda mitad de los años noventa y en la primera década del siglo XXI, buena parte de la ajetreada vida política boliviana giró alrededor de la agitación protagonizada por los llamados “movimientos sociales”.

Hablamos de sectores corporativos muchas veces organizados mediante una cultura verticalista y autoritaria, siendo el caso más representativo el trust cocalero del Chapare.

A lo largo del periodo citado, los movimientos sociales se fueron aglutinando con la cobertura técnica y financiera de ONG´s trasnacionales, algunas ingenuas y otras no tanto.

La progresiva intensificación en las actividades de esta alt-left criolla fue demoliendo las posibilidades de gobernabilidad democrática, desembocando en las buscadas crisis de los años 2003 y 2005, que terminaron aupando al gobierno a Evo Morales.

Lo cierto es que, al margen de juicios de valor, el Movimiento Al Socialismo supo canalizar la potencialidad de estos grupos, tanto para el ejercicio de la violencia política como para la construcción de un espejismo de legitimidad.

Ya instalado el evismo en el Palacio Quemado, los movimientos sociales pasaron a fungir como tropas de choque en la anulación de contrapoderes, cercando el Congreso para imponer legislaciones centralizadoras o participando en el derrocamiento de gobernadores de oposición mediante golpes regionales.

Este proceso desembocó en la transformación de una administración transitoria -como corresponde en un orden republicano basado en la alternancia- en un régimen con aspiraciones de perpetuidad. Una pos-democracia, para usar la terminología del asesor del chavismo temprano, Norberto Ceresole.

Sin embargo, durante la segunda gestión de gobierno de Morales los movimientos sociales fueron perdiendo relevancia, a medida que se imponía la inevitable burocratización que caracteriza a los regímenes estatistas.

En el 2010, el poder central comenzó a implementar el mecanismo prebendal del Fondo Indígena o Fondioc, como anestésico para neutralizar eventuales disidencias ante el gasolinazo por entonces en gestación.

En los años siguientes se incrementó esa estrategia de cooptación clientelar, sobre todo frente a la rebelión pacífica de los pobladores del TIPNIS, que supuso la ruptura de buena parte del movimiento indígena con el mando cocalero del Trópico de Cochabamba.

Comenzaba la disolución del “bloque histórico”, consumada en años recientes con la salida del esquema oficial de cooperativistas mineros y cocaleros de Los Yungas.

En paralelo a esta descomposición interna, se ha registrado en el país un proceso demográfico de urbanización que también ha contribuido a relativizar el peso de varios de los movimientos en cuestión, muchos de ellos predominantemente rurales.

A la par que el protagonismo de estos movimientos ha ido quedando relegado, hemos sido testigos del surgimiento y expansión de las denominadas plataformas ciudadanas, de carácter mayormente urbano y muy activas en las redes sociales.

En sinergia con la movilización de calles, este ciberactivismo ha tenido un papel importante en la victoria sobre el reeleccionismo del 21F.

A diferencia de los movimientos sociales, fuertemente corporativistas, sectoriales y territorializados, las plataformas aparecen con una identidad pluriclasista y universalista, más útil para la construcción de república y ciudadanía.

La gran incógnita es si habrá un partido capaz de canalizar el potencial de estos nuevos actores democráticos.

Emilio Martínez Cardona es escritor y analista político

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