Opinión

LA INCONSTITUCIONAL ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ABSTRACTA

2 octubre, 2017

Ante la desinformación que los grupos políticos oficialistas y opositores y las erróneas interpretaciones acerca de la acción de inconstitucionalidad “abstracta” que brindan al pueblo, como profesionales del Derecho y respetuosos de la democracia, nos vemos en la necesidad de analizar desde una perspectiva estrictamente jurídico-constitucional la acción presentada  como un aporte profesional a nuestro país.

Como ya se conoce, un grupo de asambleístas allegados al Movimiento al Socialismo han interpuesto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una “acción de inconstitucionalidad abstracta” por la que, no solo buscan la reelección indefinida del presidente y vicepresidente, sino que también pretenden una reforma a la Constitución vía un supuesto control de Convencionalidad y no por mecanismos procesales que la propia Constitución contempla. En conocimiento de esta sugeneris e inconstitucional acción de inconstitucionalidad abstracta el Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de la Constitución, no debería admitir la acción y debiera denunciar al pueblo boliviano que poderes constituidos intentan efectuar un cambio en la Constitución Política del Estado que solo puede ser adoptado por el ejercicio del poder constituyente originario; por lo que, a continuación y no obstante de que posiblemente a momento de publicarse esta iniciativa se hubiera admitido la acción descrita. Exponemos los argumentos jurídico-constitucionales para su inadmisión o en su defecto su rechazo o en caso de sustanciarse se pronuncie un fallo absolutamente adecuado a derecho:

  1. La acción de inconstitucionalidad abstracta, establece un combo, un dos por uno; es decir que en una demanda existen dos demandas: una demanda de inconstitucionalidad y la otra demanda de control de convencionalidad, lo cual procesalmente y jurídicamente es inaceptable, el Tribunal Constitucional Plurinacional es competente para conocer y resolver la acción de inconstitucionalidad respecto de los arts. 52. III, 64.d), 65.b), 71.c) y 72.b) de la Ley 026 del Régimen Electoral, cuyo parámetro de contrastación y comparación es la Constitución Política del Estado contenidos en los arts. 156, 168, 285.II y 288 de la Constitución, y en ese rol se establece que las normas legales no son contrarias a la Constitución, guardan plena conformidad y concordancia, por lo que, no hay manera de que el Tribunal Constitucional Plurinacional declare la inconstitucionalidad de las normas legales y menos declare la inaplicabilidad de las normas constitucionales.

 

  1. La acción de inconstitucionalidad abstracta, denuncia a los arts. 156, 168, 285.II y 288 de la Constitución como normas “inconvencionales” y no solo eso, sino dice que son contradictorias con otras normas constitucionales como los arts. 26 y 28 concordantes con los arts. 13, 256 y 410.II, y también que son contradictorias con normas en materia de Derechos Humanos contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales, arts. 1.1, 23, 24 y 29 del Pacto de San José de Costa Rica, argumentando que la limitación de la reelección viola el derecho político de los ciudadanos a ser reelegidos de manera continua, lo cual no es cierto y evidente, por los siguientes argumentos:

 

 

  • En cuanto a que los arts. 156, 168, 285.II y 288 de la Constitución sean inconvencionales y contrarias a otras normativas de la Constitución, esta es sin lugar a duda una aseveración falaz, toda vez, que las normas constitucionales no pueden ser cuestionadas ni observadas de inconvecionales a través de su propio guardián constitucional el Tribunal Constitucional Plurinacional, además que la propia Constitución establece que los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos forman parte en su contenido, cosa muy diferente es denunciar su vulneración, lo que no ha sucedido en el presente caso.

 

  • Asimismo, si existiere hipotéticamente contradicción entre normas constitucionales, lo que corresponde es que sea el Tribunal Constitucional Plurinacional, como guardián constitucional y último interprete de la Ley, quien se manifieste al respecto, pero de ninguna manera cuestionar la inconstitucionalidad de normas constitucionales ya sea por la vía de la acción de inconstitucionalidad y menos por el control de convencionalidad; es decir, que la acción de inconstitucionalidad abstracta no tiene objeto jurídico-constitucional y el Tribunal no podría inaplicar normas constitucionales, por su naturaleza de guardián constitucional.

 

 

  • El derecho político a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, es un derecho humano para los positivistas y un derecho fundamental no humano para los iusracionalistas, en cualquiera de las corrientes filosóficas no es un derecho absoluto, y como todo derecho es susceptible de ser limitado. En este marco la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en el art. 32.2) textualmente señala: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. Asimismo, el art. 23.1 inc. b) de la CADH que refiere la acción de inconstitucionalidad, manifiesta “VOTAR Y SER ELEGIDO…”; sin embargo, esta última norma está erróneamente interpretada, ya que, el citado artículo dice “ser elegido” y el presidente y vicepresidente ya han sido elegidos, consecuentemente, según la CADH no podrían ser reelegidos ya que habla solo de elección y no de reelección, en ese sentido nuestra Constitución es mucho más amplia al permitir en el art. 168 de la Constitución que sean reelectos por una sola vez de manera continua, en consecuencia no existe vulneración al derecho político.

 

  1. Por otra parte, la acción de inconstitucionalidad invoca a los arts. 13, 256 y 410 de la Constitución, señalando que la CADH en materia de Derechos Humanos se encuentra inclusive por encima de la Constitución; sin embargo, es otra interpretación equivoca y forzada, basta dar lectura a la disposición transitoria novena de la Constitución que señala textualmente: “Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley”, en cambio los arts. 13, 256 indican que los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en materia de derechos humanos prevalecen en el orden interno. La CADH no ha sido ratificada por la Asamblea Legislativa Plurinacional sino por el Congreso de la República, cuando era República de Bolivia y no por el Estado Plurinacional de Bolivia, está claro entonces , que estos Tratados Internacionales en el que está inmerso la Convención Americana de Derechos Humanos solo tiene rango de ley, norma jerárquicamente inferior a nuestra actual Constitución; sin embargo, la propia CADH respeta lo estatuido por las Constituciones Políticas de los Estados partes, inclusive sus leyes dictadas conforme a ellas, un ejemplo claro es el art. 7.2 de la CADH, que refiere textualmente: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados Partes, o por las leyes dictadas conforme a ellas”; es decir, que el derecho humano a la libertad que es mayor trascendencia para el ser humano puede ser  objeto de limitación, con mayor un razón un derecho político donde no está en riesgo su libertad, simplemente hay que establecer las causas y fijar las condiciones de antemano. Y en ese sentido, en cuanto al derecho político a ser elegido, la Constitución y la ley 026 han establecido claramente las causas y las condiciones de antemano para limitar una segunda reelección, por lo que las personas que han sido electas y reelectas como el presidente y vicepresidente de manera continua, ya no pueden ser reelectas por una segunda vez de manera continua, consecuentemente no existe ninguna vulneración al derecho político del presidente y vicepresidente ni a la Constitución, ni a la ley 026, y tampoco al CADH.

 

  1. El Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de la Constitución Política del Estado, está encargada de asegurar la supremacía e integridad de la Constitución a través del juicio de constitucionalidad de las leyes, Estatutos Orgánicos, Cartas Orgánicas, Decretos y Resoluciones no judiciales a través de dos mecanismos, de la acción de inconstitucionalidad abstracta y la acción de inconstitucionalidad concreta, el primero se interpone sin que exista un derecho propio identificado y el segundo es para defender un derecho propio dentro un proceso judicial o administrativo; en el caso que nos ocupa, la acción abstracta interpuesta por los asambleístas del MAS no es para promover y garantizar la supremacía y el respeto de la Constitución, su intención es favorecer al presidente y vicepresidente. Consecuentemente la “acción de inconstitucionalidad abstracta”, no es ABSTRACTA es CONCRETA, de abstracto solo tiene el nombre, porqué en este caso se sabe a quienes va a beneficiar aún ellos no hayan firmado la acción de inconstitucionalidad, constituyéndose este hecho en una causal procesal de inadmisibilidad de la acción.

 

  1. No hay que olvidar que el MAS ha acabado en este periodo legislativo su única opción legal de modificar la Constitución. En el referéndum del 21 F., el pueblo de Bolivia le dijo NO a la intensión de modificar el art art. 168 de la Constitución, rechazando la segunda reelección del Presidente y Vicepresidente, consecuentemente, pretender otras estrategias legales es inconstitucional y no es otra cosa que es desconocer la voluntad popular, la Constitución, la ley 026, y la democracia. Si el Tribunal Constitucional Plurinacional falla contra lo que manda la Constitución, el CADH y la Ley 026 no solo están cometiendo un grave delito que se asimilaría a un delito de parricidio que es dar muerte a su creador. Es decir, sería un parricidio constitucional ya que el Tribunal Constitucional Plurinacional es creación de la Constitución Política del Estado, y está diseñado para que defienda la Constitución, haga respetar su supremacía y no vaya contra ella.

 

  1. Si acaso cuando se publique este aporte a la sociedad, el Tribunal Constitucional Plurinacional hubiere admitido la acción. Todavía quedaría la esperanza de que a tiempo de dictar resolución se reponga el Estado de Derecho y se nos permita un ultraje a la Carta Magna base de nuestra convivencia civilizada.

Lorena Borda MontañoJuan Carlos Zegarra Aranda son abogados constitucionalistas

 

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