Opinión

Paradoja de antología

2 octubre, 2017

En el contexto de la democracia intercultural, el referendo es una forma de ejercer el sufragio universal como “derecho político” para que los ciudadanos, en el marco de la democracia directa y participativa, decidan en condiciones de igualdad política sobre asuntos de interés público, además de tener carácter vinculante (por ejemplo, los resultados del 21f).

Por lo tanto, la Constitución Política del Estado (2009) y la Ley del Régimen Electoral (2010), son las reglas de juego que otorgan dichas condiciones de igualdad política para que todo ciudadano boliviano pueda  ejercer sus derechos  en el marco del sistema político-democrático establecido.

De acuerdo a Robert Dahl, determinados derechos  son necesarios para que un sistema político democrático funcione y garantice la igualdad política como objetivo conveniente y viable; negarlos, perjudica el sistema político democrático y por ende las condiciones de  igualdad política. Por lo tanto, ni siquiera un gobierno de mayoría puede justificar de forma razonable acciones que violen los  derechos  que sostienen un  sistema político.

Sin embargo,  para el MAS, de acuerdo a normas internacionales, Evo Morales también tiene el “derecho político” de seguir participando en elecciones, al igual que gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales, por lo tanto, determinados artículos de la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral impiden ello, lo cual implica una “controversia constitucional”.  En este marco, la “acción abstracta de inconstitucionalidad” es un mecanismo que busca re-habilitar dicho derecho político.

Una pretensión que sólo tiene asidero en discursos políticos que interpelan a la voluntad del pueblo como fundamento de las decisiones políticas, y como trasfondo, favorecer los intereses de unas elites políticas enquistadas en las esferas de gobierno, y no solo central, también departamental y municipal.

Así, se hace manifiesta la flagrante “condición de desigualdad política” entre gobernantes y gobernados en Bolivia, y por ende, la degradación institucional de su régimen democrático. Se pone también a prueba el “pragmatismo” de las autoridades de gobiernos intermedios (opositoras) que ya no “pueden” postular por tercera vez consecutiva en sus respectivos espacios políticos.

Una paradoja de antología que no necesariamente sorprende, pero  sí provoca impotencia ante la posibilidad de que las reglas formales pactadas de antemano  para jugar en el campo político sean cambiadas para favorecer grupos de poder.

 

José Orlando Peralta B. es politólogo

 

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